El Gobierno disuelve la AGP y crea la Agencia Nacional de Puertos y Navegación bajo la dirección de Iñaki Arreseygor

El Gobierno Nacional oficializó este lunes (06.01.2025) la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), una sociedad estatal que desde su creación tenía a su cargo la administración del Puerto de Buenos Aires y, más recientemente, la gestión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La medida, oficializada mediante el Decreto 3/2025, establece la liquidación de la AGP Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, marcando un cambio en la estructura del sistema portuario nacional. En su lugar, se creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía. Este nuevo organismo será el único con autoridad portuaria nacional, y su función será implementar leyes y regulaciones en las áreas de puertos y navegación (incluyendo la Ley N° 24.093/1992, la Ley N° 27.419/2017 y otras normativas pertinentes), consolidándose como actor clave en la gestión del comercio exterior.

Estructura y liderazgo de la ANPYN

La conducción de la ANPYN estará a cargo de un Director Ejecutivo con rango y jerarquía de Secretario de Estado, secundado por un Subdirector Ejecutivo con rango de Subsecretario. Ambas autoridades serán designadas y removidas por el Poder Ejecutivo Nacional, y sus mandatos tendrán una duración de cuatro años. A través del Decreto 5/2025, también publicado este lunes, se designó a Iñaki Miguel Arreseygor, magíster en Administración de Negocios, como Director Ejecutivo de la Anpyn por un período de cuatro años, a partir del 3 de enero de 2025.

Un nuevo modelo de gestión portuaria

En resumen, con la creación de la ANPYN, el Gobierno Nacional busca centralizar y modernizar la gestión portuaria, otorgando al nuevo organismo la autonomía financiera necesaria para operar de manera independiente y eficiente. En este sentido, la ANPYN tiene las competencias para garantizar la seguridad de la navegación, fortalecer la infraestructura portuaria y optimizar el transporte de mercancías, aspectos esenciales para el desarrollo del comercio exterior argentino.

La medida, de vigencia inmediata, tiene como objetivo reducir el sobredimensionamiento del aparato estatal mediante la disolución de los dos entes mencionados y la reestructuración de sus respectivas áreas operativas. Según el decreto, esta reestructuración permitirá «una mayor especialización y eficiencia en la ejecución de funciones estatales, eliminando la fragmentación de tareas y fortaleciendo el desarrollo estratégico y comercial del país». Además, busca «simplificar trámites, promover la desburocratización y fomentar el crecimiento del sector comercial e industrial de Argentina».

La norma manifiesta que la adopción de esta medida «resulta indispensable para la buena gestión del plan de gobierno en curso, cuya urgencia justificada en lo reseñado supra torna imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitucion Naional para la sanción de las leyes». Según la Ley N° 26.122, el Congreso de la Nación tiene la competencia de evaluar la validez de los decretos de necesidad y urgencia, y diversas entidades gubernamentales, como el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y la Oficina Nacional de Presupuesto, respaldan la adopción de esta medida.